Esta investigación reafirma una vez más el rol trascendental de los pueblos indígenas en la protección de la Amazonía y pone a disposición nuevos datos sobre deforestación y las áreas prioritarias con 13 soluciones para proteger el 80% para 2025. El estudio incluye una propuesta innovadora de condonación de deuda para salvaguardar 255 millones de hectáreas de ecosistemas intactos que se encuentran en riesgo inminente.
Líderes indígenas amazónicos e investigadores de nueve países presentaron hoy en conferencia de prensa, nueva evidencia que demuestra que la Amazonía se encuentra inmersa en una crisis o punto de no retorno debido a las altas tasas de deforestación y degradación que, combinadas, alcanzan ya el 26% de la región; sin embargo, el 74% restante (629 millones de hectáreas de áreas prioritarias) sigue en pie y requiere protección inmediata. El punto de no retorno debe ser entendido como el inicio de una metástasis o la destrucción irreversible del ecosistema.
Este nuevo análisis que identifica por un lado, dónde ocurre la degradación y transformación a nivel país y, por otro, las necesidades y soluciones inmediatas para abordar la crisis en la Amazonía, fue presentado en la V Cumbre Amazónica de Pueblos Indígenas, organizada por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), al cumplirse un año de la aprobación de la Moción 129 del Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la cual busca evitar el punto de no retorno en la Amazonía protegiendo el 80% al 2025.
El informe presentado por la COICA en conjunto con la coalición de la Iniciativa “Amazonía por la Vida”establece que la protección del 80% de la Amazonía para 2025 es aún viable y que todavía estamos a tiempo para frenar la tasa de destrucción actual. El estudio contempla soluciones para frenar el avance del punto de no retorno, entre las principales está el reconocimiento de 100 millones de hectáreas de Territorios Indígenas, moratorias para salvaguardar los ecosistemas intactos y con baja degradación, un modelo incluyente de co-gobernanza y una propuesta de condonación condicionada de las deudas de los países amazónicos.
Los autores lanzaron una fuerte advertencia a la comunidad internacional sobre el peligro inminente al que han sido expuestos cientos de pueblos indígenas que habitan en el 40% de ecosistemas intactos (255 millones de hectáreas) que no cuentan con regímenes de gestión territorial acordes a la diversidad biocultural de la cuenca.
“Este informe aborda de manera contundente el estado actual de la Amazonía y enmarca la simbiosis entre las amenazas a los ecosistemas y a los pueblos indígenas en nueve países. Existe una correlación directa entre la destrucción de nuestro hogar y los asesinatos a líderes y lideresas indígenas, defensores de nuestros territorios. Hemos corroborado que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica es una solución urgente para salvaguardar el 80% de la Amazonía. Debemos actuar todos en unidad, y debemos hacerlo antes de 2025”, dijo José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de la COICA. “Cualquier esfuerzo menor sería poco y sería demasiado tarde. Hemos entrado en la zona de peligro”, añadió el líder indígena.
Este informe, elaborado por la RAISG, viene acompañado de un conjunto de nuevos mapas que responden a secuencias de datos de 36 años, que evidencia que el 86% de la deforestación tuvo lugar en áreas que no cuentan con un régimen de gestión territorial tendiente a la conservación. La industria ganadera es el mayor impulsor de la deforestación en la Amazonía. La deforestación causada por la ganadería en la selva amazónica representa casi el 2% de las emisiones globales de CO2 anualmente. El 66% de la Amazonía está sujeto a algún tipo de presión fija o permanente: industria petrolera, minería y más de 800 hidroeléctricas planificadas y operando, entre otras.
“Preservar el 80% de la Amazonía hasta 2025 depende, por un lado, de los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas que habitan los territorios y por el otro, de una estrategia financiera global transformativa. Los países amazónicos dependen de que la comunidad internacional asuma su corresponsabilidad. Los impulsores que fomentan la destrucción de la Amazonía son cadenas de suministro de los países industrializados principalmente. Sin saberlo, comemos, nos transportamos y nos vestimos con productos que destruyen a la Amazonía. No podemos darnos el lujo de perder una hectárea más. El futuro de la Amazonía es una responsabilidad de todos”, dijo la doctora Alicia Guzmán, co-Coordinadora de la iniciativa por Stand.Earth
La investigación aborda la problemática a nivel nacional en los nueve países de la cuenca y evidencia que el 34% de la Amazonía brasileña ha entrado en un proceso de transformación, al igual que el 24% de la Amazonía boliviana, 16% en Ecuador, 14% en Colombia y 10% en Perú, que son los países con mayores índices. La sabanización ya es una realidad en el sureste de la región, principalmente en Brasil y Bolivia. Los datos demuestran que ambos países son responsables del 90% de la deforestación y degradación de toda la región y que comparten las invasiones o avasallamientos como causa central de la deforestación. Esta problemática pone en el centro de las soluciones a los Estados y sus marcos legales.
“En Brasil somos testigos de un gobierno con una política de Estado frontalmente anti- Indígena que intenta, de todas las maneras posibles, legalizar lo ilegal. La destrucción y codicia desenfrenada a nuestros territorios ancestrales, nuestra Amazonía, al norte del país, es la cara visible de la histórica violación de derechos a los que nosotros, los pueblos indígenas de Brasil, estamos sujetos hace décadas,” dijo Nara Baré, ex-Coordinadora de la COIAB, de Brasil.
El 66% de la Amazonía está sujeto a algún tipo de presión fija o permanente. Los bloques petroleros, centrales hidroeléctricas y minas se planifican a lo largo y ancho de la Amazonía. Los marcos legales vigentes generan condiciones para que los Estados concesionen licencias en bosques intactos o TI sin el consentimiento libre previo e informado de las poblaciones que habitan la región.
“Este informe es el producto de una metodología cuyo objetivo es consolidar un instrumento para guiar la política pública de los nueve gobiernos que integran la cuenca amazónica. La RAISG conceptualiza a la Amazonía como un ecosistema integral que cubre un área de investigación de 847 millones de hectáreas. Uno de los principales hallazgos es que garantizar los derechos de los pueblos indígenas permite avanzar en la protección y la recuperación de la biodiversidad. Hemos demostrado que titular los territorios indígenas y asignar áreas protegidas es una forma altamente exitosa para prevenir la deforestación y la degradación de la selva tropical. La crisis climática, sin embargo, nos obliga a pensar en modelos de gestión en co-gobernanza tal como planea el último estudio del IPBES”, dijo la investigadora Marlene Quintanilla, Directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia-RAISG.
“A diferencia de las áreas protegidas, los territorios indígenas no cuentan con presupuestos de los gobiernos amazónicos ni con mecanismos de financiamiento por parte de la comunidad internacional y sin embargo, registran grados de conservación comparables o incluso más altos que las áreas protegidas. Los pueblos indígenas presentan una oportunidad inigualable para proteger las especies silvestres vulnerables, como lo establecen órganos de las Naciones Unidas (IPBES, IPCC)” resaltó Carmen Josse, Directora de Ecociencia, Ecuador-RAISG.
Las restricciones de los presupuestos nacionales sumados a la deuda que promedia el 78% del PIB regional de América Latina abocan a los gobiernos a la sobreexplotación de los recursos naturales de la Amazonía. Tan solo el servicio total de la deuda representa el 59% de sus exportaciones de bienes y servicios.
“La deuda externa a los países amazónicos debe ser entendida como un impulsor sistémico y combustible de las actividades extractivas en toda la región. Como coalición, planteamos la condonación de esta deuda como una medida de protección inmediata para paliar los desafíos económicos que atraviesan nuestros países. Esta condonación estaría condicionada a la protección del 80 por ciento de la Amazonía. Los países industrializados y las Instituciones Financieras Internacionales asumirían la responsabilidad de salvaguardar el planeta, de mitigar el cambio climático y de aliviar la presión sobre la Amazonía con el liderazgo de los países amazónicos”, explicó Tuntiak Katán, Vicecoordinador de la COICA.
